La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY), es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica reconocida por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1.577/2014 del 2 de mayo de 2014. Entre los fines de la organización está la contribución al mejoramiento de la administración y el acceso a la justicia, para los justiciables y profesionales del derecho. Igualmente, la defensa del Estado de Derecho, las Instituciones Democráticas de la República y los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y en las leyes de la República; y en la defensa de derechos colectivos y difusos, actuando en interés y/o representación de personas o instituciones. Instituida como gremio contralor de las causas de hechos punibles de corrupción pública para combatir la impunidad.
El gremio de abogados desde su nacimiento (2011) fue instalando en el debate jurídico y social el problema de las huelgas extorsivas, la mala administración de nuestra justicia, la falta de independencia de los magistrados y la ausencia de la seguridad jurídica como consecuencia de la injerencia política en la administración de nuestra justicia.
Tres problemas: Huelga extorsiva (de funcionarios del Poder Judicial), Corrupción e impunidad fueron abordados por la COAPY desde su creación, y encarados de una forma no convencional, consistentes en festivales, charlas en distintas ciudades del país, reuniones, manifestaciones, marchas, notas de reclamos, denuncias por corrupción judicial y política, etc. El gremio ha presentado hasta la fecha más de 30 denuncias por corrupción pública ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público. Por citar algunos: denuncias contra Javier Díaz Verón (ex Fiscal General del estado), Oscar Rubén Velázquez (ex Contralor General de la República) entre otros, quienes han sido imputados y acusados por el Ministerio Público.
Para la COAPY, la única manera de hacer frente a asimetrías, desigualdades y al alto índice de corrupción judicial es instalando un proceso de control ciudadano donde organizaciones de la sociedad civil y gremio de abogados comprometidos articulen mecanismos cuyos principales objetivos intenten crear conciencia social y proponer salidas alternativas para mejorar los indicadores de gestión judicial. Un mecanismo de control que nació a instancias de la COAPY es el Observatorio del Poder Judicial (herramienta para monitoreo online de causas de corrupción) el cual solicitó por Nota al pleno de la CSJ en el año 2017. El Observatorio fue habilitado en Junio del 2019, bajo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del Dr. Eugenio Jiménez Rolón.
