BLANQUEO DE EDGAR MELGAREJO
Mientras la ciudadanía enfrentaba la pandemia con angustia, miedo y dolor ante la escasez de insumos médicos, algunos funcionarios vieron en el sufrimiento colectivo una oportunidad para robar sin pudor.
Nadie debería olvidar al extitular de la DINAC, Édgar Melgarejo Ginard, ni a sus colaboradores: Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar González, Luz María Chamorro Báez, Fernando José Gallardo de Brix, Katherine Pamela Toñanez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco, quienes orquestaron una operación fraudulenta para enriquecerse ilícitamente.
Luego de varias publicaciones periodísticas, la Fiscalía determinó un millonario daño patrimonial por la compra de tapabocas vencidos y con sobreprecio en 2020, mediante una licitación manipulada por Melgarejo y otros funcionarios. Tres años después, el propio Gobierno de los Estados Unidos lo declaró como “significativamente corrupto”. Pero en Paraguay, la justicia decidió otra cosa.
Es crucial exponer cómo se gestó este blanqueo. Tras la imputación del 30 de abril de 2020 y la acusación formal del 30 de abril de 2021 por lesión de confianza, el juez penal de garantías Raúl Florentín resolvió elevar la causa a juicio oral y público. Sin embargo, los representantes de los acusados apelaron la resolución ante el Tribunal de Apelación Penal, 3.ª Sala.
Este tribunal, en un fallo sin precedentes, anuló la acusación fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando una “deficiencia insubsanable” por supuesta falta de indagatoria sobre hechos que variaban en fecha y monto entre la imputación y la acusación. Finalmente, la fiscal adjunta Soledad Machuca recurrió el fallo ante la Sala Penal, que resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación, blanqueando así a los procesados.
La sustanciación de la audiencia preliminar fue objeto de múltiples chicanas procesales, al igual que la integración del Tribunal de Apelación y de la Sala Penal, maniobras que sin lugar a dudas buscaban enfriar el caso en un país donde la impunidad se alimenta del olvido. Así se consumó, una vez más, el golpe de la impunidad.
El mensaje es claro: mientras el mundo lloraba a sus muertos y los paraguayos hacían colectas para conseguir tapabocas y camas de terapia intensiva, aquí se robó sin pudor y luego se blanqueó por tecnicismos judiciales.
La decisión de declarar la admisibilidad o no de determinadas causas, especialmente aquellas emblemáticas de corrupción, se ha convertido en un acto casi criminal. Esta selectividad judicial revela el sometimiento del sistema de justicia a intereses políticos, económicos y familiares que condicionan sus fallos.
Magistrados que honran la toga. En este escenario oscuro, tres magistrados se destacaron por su independencia y coherencia con los principios de justicia: el juez penal de garantías Raúl Florentín, el miembro del Tribunal de Apelación 3.ª Sala Waldir Servín, y el magistrado que integró la Sala Penal, Dr. Camilo Torres. Su postura digna los distingue en un Poder Judicial cada vez más colonizado por el poder político y económico.
En contrapartida, es necesario repudiar las actuaciones de los magistrados del Tribunal de Apelación 3.ª Sala, Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre, así como de los miembros de la Sala Penal, Carolina Llanes y Pablino Escobar, cuyas decisiones contribuyeron al blanqueo de uno de los casos más vergonzosos de corrupción en tiempos de pandemia.
El sobreseimiento definitivo no absuelve moralmente a nadie. Lo que se blanquea en el Poder Judicial sigue oliendo a corrupción ante los ojos de la ciudadanía. Una justicia que exonera a quienes lucraron con la pandemia no solo defrauda la ley: traiciona la memoria de un país que resistió con miedo, pero con dignidad, la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente.