La impunidad tiene responsables
Ante la reciente resolución de prescripción en la causa por estafa contra el extitular del INDERT, Ignacio Luis Ortigoza Samudio, desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción Paraguay; manifestamos nuestra profunda preocupación por el mensaje que este tipo de resoluciones transmite a la ciudadanía.
La decisión que deja impune un proceso penal emblemático de corrupción fue adoptada por mayoría del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, integrado por los magistrados Mario Camilo Torres, Jesús Riera Manzoni y Paublino Escobar (voto en disidencia). Cuando un proceso penal culmina por prescripción, no se trata de un fenómeno abstracto ni inevitable: es la consecuencia directa del tiempo transcurrido bajo la responsabilidad de magistrados y fiscales concretos.
Cada plazo que pasa sin resolución o sin el debido impulso procesal tiene nombre y apellido. Por ello, no basta con invocar el cómputo legal de los plazos; corresponde explicar con claridad cuánto tiempo permaneció la causa en cada instancia, qué decisiones se adoptaron, o se omitieron, y quiénes fueron responsables de las demoras u omisiones para urgir que desembocaron en la extinción de la acción penal.
La falta de individualización de responsabilidades consolida un sistema donde la mora se convierte en sinónimo de impunidad. Resolver en términos genéricos, sin detallar el recorrido procesal ni transparentar la actuación de los intervinientes, constituye una grave omisión frente al derecho ciudadano al control público de la administración de justicia.
Cuando el sistema de justicia genera impunidad en causas emblemáticas de corrupción, ello debe tener consecuencias institucionales. La Constitución Nacional establece mecanismos claros de responsabilidad: juicio político para ministros de la Corte Suprema de Justicia y remoción para jueces, miembros de tribunales y fiscales que incumplen sus deberes.
En resumidas, alguien es seriamente responsable de que un expediente emblemático de corrupción termine impune. Como ciudadanos, debemos exigir que se activen los procedimientos constitucionales y legales correspondientes para separar del cargo a quienes deshonran la toga y el juramento que prestaron.
Dejar impune un caso emblemático de corrupción no es un simple error técnico: es una grave afrenta a la República. La transparencia no es opcional. La rendición de cuentas es un deber constitucional.
Finalmente, exhortamos a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a ordenar la realización de una auditoría integral del expediente a fin de determinar si existió mal desempeño de funciones por parte de los magistrados intervinientes.
Sin responsabilidad individual no hay justicia. Y sin justicia, la impunidad se institucionaliza.